La Asociación de Arquitectos de Corrientes considera que es fundamental implementar mecanismos genuinos de participación ciudadana. Grandes emprendimientos privados a espaldas de la ciudadanía. La Costanera Sur, asediada por intervenciones de mala calidad que usurpan espacios públicos de la ciudad. Groseras intervenciones urbanas que no atienden las verdaderas demandas de la sociedad. Una municipalidad cómplice y ausente en los intereses de la ciudadanía.
Nuevamente asistimos atónitos ante este nuevo atropello a la ciudadanía, un nuevo acto de “urbanismo creativo” llevado adelante por la actual gestión de la municipalidad de la ciudad de Corrientes. De la misma manera, hace un poco más de un año avanzan a marchas forzadas, con el brutal y mal llamado Plan Costero. Hoy sin embargo, ante las nuevas condiciones políticas finalmente se cae a pedazos como un castillo de naipes.
Es asombroso ver, como en tan poco tiempo, la actual conducción municipal ha generado condiciones para unos pocos a costa del erario público (el erario público, por ejemplo), y de los mejores espacios urbanos de la ciudad. Entre otros: la grotesca decisión de instalar una marina deportiva nada menos que en la desembocadura del arroyo Poncho Verde (el ICAA ¿ausente como siempre?), obra ya en marcha, y concedida por valores que dan risa si no fuera cierto, y que solo beneficiará a un puñado de señores que no saben dónde alojar sus “yates”.
La última perla de esta zaga de atropellos es la intención de instalar un shopping justamente sobre las arenas de la playa Arazaty, espacio público por excelencia de nuestra ciudad que, justo hace diez años, y luego de una ardua batalla legal y cultural, fue recuperada para el conjunto de la ciudadanía.
Es notable la facilidad con que se olvidan algunas cosas: en ese momento (diciembre de 2009), la playa Arazaty concesionada a un par de “empresarios de la noche”, era un verdadero berenjenal de boliches y kioscos de baja estofa, que arrojaban sus aguas servidas a las mismas aguas del balneario.
Sin embargo, hoy nuevamente volvemos a ver la playa colonizada con una extraordinaria cantidad de kioscos y demás instalaciones de toda laya. ¿Es necesario saturar de “negocios”, todos los espacios públicos de la ciudad?
Así y todo, esto no parece suficiente, y el intendente de nuestra ciudad, muy suelto de cuerpo solicita al Concejo Deliberante que se salte todas las normativas vigentes para satisfacer el capricho del “gran empresario de la timba”, para ejecutar tal bestialidad urbana, sin la más mínima contemplación de ninguna naturaleza, urbana, social, ambiental, ciudadana, etc. Evidentemente no hace falta, con la legitimidad de la billetera alcanza y sobra.
Este último acto de prepotencia y abuso, próximo a consolidarse, (porque todo indicaría que ya tiene asegurada la mayoría de las voluntades necesaria en el Concejo Deliberante de la ciudad), no es más que una de las tantas actuaciones que han venido ejecutándose por la misma vía, es decir, por la simple razón de contar con la circunstancial mayoría de votos en el Concejo Deliberante, obviando, cuando no omitiendo, los pocos mecanismos de participación ciudadana, y saltándose cualquier normativa que sea, así lo hicieron con el Plan Costero, la cesión de la desembocadura del Arroyo Poncho Verde, las recientes reformas del Código de Planeamiento Urbano, desmantelando completamente la Comisión de Seguimiento del mismo; la intervención de la Plaza 25 de Mayo, con una celeridad asombrosa, y así podríamos seguir repasando todas las actuaciones de esta gestión, que se ha caracterizado por hacer exactamente lo contrario a lo que declama: transparencia, participación, bienestar general, etc.
No hace falta ser un experto en la materia para comprender que la edificación que se propone habilitar el municipio sobre la Playa Arazaty, no solo generarán un impacto urbano y ambiental negativo al instalarse sobre el lecho del río, sino que además tal actividad, generará mayor concentración a la ya colapsada costanera sur.
Por si no fuera suficiente, el privilegio para el shopping va acompañado además, de la excepción para construir sobre el Parque Lineal, bordes Este de la Costanera Sur, sobre el que discurre un importante colector pluvial de la ciudad, y donde pretenden construir un edificio (placa) de 120 metros (ciento veinte metros), por no menos de 60 metros de altura.
Toda esta operación, además de la brutalidad en sus formas y contenidos, dejará además el pésimo antecedente para nuevos reclamos, que podrán habilitar construcciones de esa naturaleza, con el infantil pero no menos efectivo: ¿por qué yo no y el sí?
La ciudad de Corrientes, ha plasmado su primer instrumento urbano, en los años ’80 con la creación del Código de Planeamiento Urbano, desde entonces y hasta no hace mucho tiempo atrás (diez o quince años aproximadamente), este instrumento no solo tuvo pocas actualizaciones, sino que además, en la práctica su aplicación era relativamente escasa.
Desde ese tiempo a esta parte, es decir, en los últimos quince años, este instrumento urbano ha tenido una serie de actualizaciones y reformas significativas, algunas más o menos discutibles, sin embargo, ha sido la forma adecuada de canalizar las demandas y necesidades crecientes en cuanto a la planificación de la ciudad.
Es decir, ha habido un mecanismo institucional para resolver estas cuestiones, con los marcos participativos (ciertamente escasos) establecidos en las propias normativas, lo cual en cierta medida le daba la legitimidad necesaria. Naturalmente tal legitimación puede ser más o menos criticable, pero es perfectible.
Hoy, en las actuales circunstancias, cuando la ciudadanía reclama mayor participación en la toma de decisiones trascendentales para la ciudad, no se puede admitir ni sostener, que el recurso sea una Ordenanza de Excepción, nada menos que seis (6) excepciones al Código de Planeamiento Urbano, por el mero hecho que a un intendente “le parece bonito” una intervención de esta naturaleza; o porque al Zar de las máquinas tragamonedas se le ocurra hacer lo que le plazca.
En estos últimos años, hemos venido siendo testigos de estas operaciones de carácter político, económico y urbano de alto impacto. Como vecinos de la ciudad, como profesionales, muchos de nosotros somos o hemos sido funcionarios en distintos estamentos relacionados con la actividad urbanística, como docentes universitarios que participamos en la formación de futuros profesionales, no podemos dejar pasar una situación de esta naturaleza.
En virtud de lo anteriormente expresado, esta Asociación de Arquitectos de Corrientes expresa su postura ante esta situación de extrema gravedad:
1- Manifestar nuestro repudio a este tipo de política urbana a espaldas de la ciudadanía en su conjunto.
2- Instar al Sr. Intendente y al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, para que revean su postura respecto de esta pretendida intervención.
3- Solicita que se abran y se convoquen los mecanismos necesarios de participación ciudadana: audiencias públicas, Comisión Permanente de Seguimiento del Código de Planeamiento, entre otras.
Asociación de Arquitectos de Corrientes. Diciembre de 2019.
