El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y se aguarda su tratamiento en la Cámara alta. Se prevé cancelar los procesos judiciales por cuatro años y que los terrenos tomados puedan ser expropiados para luego ejecutar obras.
Más allá de los diferentes programas habitacionales y de regularización de la propiedad de la tierra que desarrolla la Provincia y algunas organizaciones, hay una importante expectativa por la media sanción que tuvo un proyecto de ley que apunta a la “integración sociourbana”, con la idea de urbanizar los asentamientos.
De concretarse, esta ley establecerá la utilidad pública de todos los terrenos en que se hayan conformado en asentamientos o barrios populares. De esta manera, los 4.416 que hay en el país, los 116 en Corrientes, incluidos los 61 que se encuentran en la ciudad quedarían sujetos a expropiación por parte del Estado.
En diálogo con El Litoral, el director general de Corrientes-Chaco de la organización Techo, Carlos Durán López, explicó que “este proyecto plantea la suspensión por cuatro años de los desalojos de los barrios populares, por lo que quedarían frenados todos los procesos judiciales tanto en terrenos públicos como privados”.
Una vez materializada la expropiación, el Estado nacional implementará un plan de urbanización en estos asentamientos, ajustándose a la realidad particular de cada uno y haciendo hincapié sobre todo en la construcción de viviendas, provisión de servicios básicos y titularización de la tierra en algunos casos.
Será un programa similar al que ejecuta la Provincia desde hace varios años, con intervenciones avanzadas ya en barrios como el Virgen de los Dolores, aunque prefieren no generalizar. En este sentido, Durán López indicó que “tal vez no haga falta el título de propiedad en algunos sectores y hay otros en los que no es viable la urbanización”, advirtió. Desde la organización Techo destacan el avance de este proyecto y aguardan con expectativa su tratamiento en la Cámara de Senadores para que pueda convertirse en ley. “Es algo realmente histórico”, expresaron.
En tanto, desde la Provincia expresaron también su acuerdo con este proyecto y estiman que podría ser perfectamente compatible con el que se desarrolla a nivel local. “Dar cloaca, agua potable y viviendas representa resolver un problema profundo que tiene el país y del que no es ajeno Corrientes”, señaló ayer a este matutino el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas.
Asimismo, desde las organizaciones que trabajan con la problemática habitacional adelantaron que buscarán que el Senado trate lo más rápidamente posible el proyecto para que la ley pueda ser promulgada y aplicada en el corto o mediano plazo.
