Ocurre en Itá Ibaté. El Concejo Deliberante de esa comuna se convirtió en querellante contra el jefe comunal elegido en las últimas elecciones del pasado 29 de agosto. Quieren que responda por intimaciones de sus viejas gestiones. La Municipalidad debe devolver $25 millones.
Este último martes 21 de septiembre a través de la Resolución N° 235/2021 el cuerpo deliberativo dictaminó convertirse en querellante y contratará además los servicios de un abogado para que lo patrocine. En los considerándos de la medida expresaron que hay “una situación de extrema gravedad institucional” ante los embargos que recaen sobre las arcas de la Municipalidad.
Los organismos de control como el Tribunal de Cuentas de la Provincia le están exigiendo a la Comuna de Itá Ibaté que devuelva los recursos que salieron de las arcas municipales, pero que nunca fueron rendidas, entre 2012 y 2017 durante las anteriores gestiones de Secundino Manuel Portela Portela. Ahora es el intendente electo y debe asumir el 10 de diciembre venidero.
Desde la administración del actual jefe comunal Walter Almirón (también aliado de Gustavo Valdés y de ECO+Vamos Corrientes) detallaron que existen 23 expedientes -7 de ellos con condenas– que están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. En todos los casos el Tribunal de Cuentas de la Provincia actuó de oficio por la falta de rendición de gastos.
Además, hay 5 causas judiciales derivadas. En todos los casos es por recursos que recibió la Comuna del Estado Nacional y Provincial, fueron gastados, pero nunca rendidos, durante las intendencias de Portela.
Las condenas del HTC por caso, le exigen “a la Municipalidad de Itá Ibaté y/o a Secundino Manuel Portela como responsable” -dicen las resoluciones- que reintegren unos $25.039.259 que salieron de las arcas comunales durante la gestión de Portela, pero no se sabe en qué se gastaron o dónde fueron a parar.
Las actuales autoridades comunales advierten que las arcas comunales no están en condiciones de afrontar los $25 millones que se deben devolver por falta de rendición. Y que si los organismos de control o la Justicia avanzará con retenciones de recursos, “estarán en peligro el pago de sueldo y la prestación de servicios del Municipio”, señaló el actual secretario de Gobierno, Oscar Aponte. Por ello el actual oficialismo exige que sea el intendente electo el que devuelva esa plata con su patrimonio.
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