Hace 22 días, la ex Intendente de Perugorría pidió acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria que se resolvería en las próximas horas, dejando a la vista la aberrante morosidad del funcionamiento del sistema judicial. Cuesta entender el ensañamiento que se ha producido contra una mujer, mamá de un niño que está sin padre ni madre.
Días atrás, se le devolvió la casa donde ahora debería cumplir con una prisión preventiva que se extiende más de dos años y constituye una pena anticipada que sólo se ve en Corrientes. Las fotos reflejan el estado en que se entregó la vivienda que debió tener custodia policial y no la tuvo.
La pregunta es ¿para qué se privó a la familia del uso de la vivienda por tanto tiempo? El Gobierno nacional está que trina, y con razón. Alberto Fernández definió con claridad la necesidad de corregir abusos en la aplicación de la prisión preventiva y el propio Carlos Zannini, en su paso por Corrientes, remarcó la preocupación del poder central que formalizó el jueves el pedido de libertad ante el juez de la causa a través del Secretario de Estado de Derechos Humanos de la Nación.
