Nueva presentación al ministerio de Educación en rechazo la exclusión indebida de docentes titulares de Concursos de Ascenso
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó, ante la Ministra de Educación de la Provincia, una nota formal manifestando “preocupación y rechazo” a la Resolución Ministerial Nº 4331/25.
La entidad sindical rechaza la RM 4331 porque “excluye indebidamente a docentes titulares que ejercen en EDI, EOI y PFTE de los Concursos de Titularización y Ascenso”, pese a contar con estabilidad y derechos adquiridos por normativa vigente.
“No solo es injusto; es ilegal, discriminatorio y contrario a la Ley. No pueden vulnerar de esa manera el Estatuto, la Carrera Docente ni los Derechos adquiridos. Todos, absolutamente todos, los docentes titulares deben tener garantizada su estabilidad y derecho pleno a la carrera”, explicó el sindicato.
SUTECO sostiene que la exclusión de docentes titulares de EDI, EOI y PFTE de los Concursos de Titularización y Ascenso “vulnera el Estatuto del Docente (Ley Prov. Nº 3723), la Ley de Educación Provincial Nº 6475, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Constitución Provincial y convenios internacionales”.
La Resolución Nº 4331/25 genera “discriminación interna, desconoce la titularidad otorgada por actos administrativos y afecta la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera docente”.
El Estatuto no distingue docentes titulares según el origen del cargo y cualquier restricción, basada en el tipo de programa donde se desempeñan, carece de sustento jurídico y quiebra el principio de legalidad, por lo que SUTECO solicitó:
Modificar la Resolución 4331/25, eliminando la exclusión de docentes titulares de EDI, EOI y PFTE.
Garantizar la plena aplicación del Estatuto Docente en todos los procesos de Concurso y Ascenso.
Convocar a una mesa técnica paritaria para adecuar el régimen transitorio a la normativa vigente.
Suspender temporalmente los Concursos hasta asegurar participación igualitaria.
Requerir dictamen de la Asesoría Legal y de la Junta de Clasificación sobre la legalidad del acto administrativo.
