Del 6,27% que le corresponde al Poder Judicial correntino, la administración radical que inició su segundo mandato el pasado viernes 10 de diciembre, solamente otorgará 5,39% del Presupuesto general 2022 que este miércoles podría tener media sanción en diputados. Según el pronóstico oficial del Gobierno de la provincia, este miércoles probablemente sea aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022.
Se trata de la Ley de cálculos para gastos e inversiones del Estado correntino a lo largo de todo el año próximo. La semana que viene será el turno de la cámara alta, los senadores también darían luz verde al proyecto como lo desea el Gobernador y sin debate. Todo a libro cerrado amparándose en las mayorías oficialistas legislativas.
Como ocurre en los últimos años, el Poder Judicial sentirá nuevamente la tijera oficial y quedará así, como también sucede desde hace tiempo, sin dinero en los últimos tres meses del año. Además, este recorte, deja sin poder establecer un cronograma de aumentos salariales para los trabajadores y funcionarios judiciales a lo largo de 2022.
También como ocurre desde hace años. ¿Qué dicen los cinco jueces que integran el Superior Tribunal de Justicia (STJ)? Por ahora no se expresaron formalmente a través de acordada alguna, sí dijeron que pedirán un informe al Poder Ejecutivo provincial que envíe un informe detallado sobre sus cuentas: recursos ingresados a la Provincia por Coparticipación y otros conceptos en el ejercicio financiero del 2021. Mientras, el Sitraj, sindicato que nuclea a los empleados judiciales, marcha todos los martes hasta la sede de la Corte provincial. Pidiendo justamente alguna reacción de los magistrados que exhiba un atisbo de independencia judicial.
Sin embargo, hasta ahora no hay reacción por parte de la conducción de la Justicia correntina. Poder Judicial: Los fondos destinados en el presupuesto provincial 2022 para la Justicia Provincial son $12.585 millones, lo que representa el 5,39% del presupuesto general y está muy por debajo del 6,27% que exige la ley de autarquía financiera de la Justicia.
Además, la Justicia debe ocupar el 86,6% del presupuesto que le asignan ($10.900 millones) para pagar sueldos de funcionarios y trabajadores, lo que limita su crecimiento institucional para la brindar mejor servicio, para modernizarse, para crear más juzgados y fiscalías, para implementar el nuevo código penal; por ejemplo Deberían darle $14.550 millones, pero le dan 2.000 millones menos para que, como ocurre cada año, cada octubre el STJ deberá acudir al Ejecutivo Provincial a pedirle plata para pagar sueldos.
Y según el humor del Ejecutivo esos recursos serán otorgados o no. Ocurrió en octubre pasado cuando la Corte provincial otorgó un aumento del 10% y el Ejecutivo lo vetó, lo dividió en dos cuotas y le recordó al STJ que es él quien decide sobre los recursos en la provincia. De la autarquía financiera, ni rastros.
