En un fallo que marca un límite drástico a la política de recortes del Ministerio de Capital Humano de Argentina, la Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional dar marcha atrás con la suspensión del programa "Volver al Trabajo". En la provincia de Corrientes dicho programa alcanza a 30.000 personas. La clave de un dictamen de un juez federal de la provincia de Buenos Aires, estableció “el carácter alimentario de estos ingresos”.
La resolución, emitida por el Juzgado Federal de Campana (provincia de Buenos Aires), no sólo frena la baja de los beneficiarios, sino que impone un plazo perentorio: el Estado nacional tiene apenas tres días hábiles para garantizar la vigencia de los pagos y asegurar que los fondos lleguen a quienes dependen de ellos.
El error fundamental de la gestión de Sandra Pettovello, según se desprende del análisis legal, fue ignorar el carácter alimentario de estos ingresos. El Gobierno intentó desmantelar el programa de un plumazo para reemplazarlo por un sistema de capacitación que aún no estaba operativo, dejando en un limbo administrativo y económico a casi un millón de personas en el momento de mayor vulnerabilidad social. La Justicia fue tajante: no se puede jugar con la subsistencia de la gente bajo la excusa de una reestructuración técnica.
Es necesario remarcar que aquí hubo una falla estratégica de planificación. El Estado tiene el derecho de auditar y mejorar los planes sociales, pero está legalmente impedido de quitarlos sin ofrecer una alternativa real y vigente. Al cortar los pagos sin una sentencia definitiva, el Ministerio violó el principio de progresividad de los derechos sociales, una equivocación que ahora le cuesta un revés judicial que lo obliga a desembolsar los fondos de manera urgente.
Este fallo no es solo un alivio para los beneficiarios, sino una advertencia institucional. La "motosierra" se encontró con un muro constitucional que recuerda que la eficiencia fiscal no puede estar por encima de la supervivencia humana. En las próximas 72 horas, el Gobierno deberá demostrar si acata la orden de la Justicia o si decide profundizar un conflicto legal que, por ahora, tiene todas las de perder.
