Se acogieron al derecho de presentar un descargo por escrito en los próximos cinco días hábiles. La causa se inició de oficio por las imágenes de Agustín en La Bombonera durante el Superclásico un día después de haber regresado de México.
Juan Román Riquelme y su hijo Agustín se negaron a declarar en una investigación de oficio que inició la Justicia. Ambos están imputados tras haberse difundido en los medios las imágenes que mostraban a Agustín Riquelme presente en un palco de la Bombonera durante el Superclásico un día después de haber llegado desde México en un vuelo que traía 44 infectados por Covid-19.
La audiencia se hizo por videoconferencia durante la tarde del miércoles ante la Fiscalía especializada en Eventos Masivos de la Ciudad a cargo de la fiscal Celsa Ramírez. Riquelme padre e hijo se negaron a declarar -sólo lo hizo su abogado- y se acogieron al derecho de presentar un descargo por escrito en los próximos cinco días hábiles.
El hijo de Román no cumplió los protocolos de aislamiento reglamentados por el Gobierno, que indica un aislamiento obligatorio cuando una persona regresa de un viaje al exterior. Mientras que a Riquelme se lo imputa en su carácter de vicepresidente de Boca por "omisión de recaudos del Código Contravencional". Es decir: Román sabía como padre que Agustín había llegado de Cancún un día antes y no tomó los recaudos de hacerle cumplir el aislamiento, con la gravedad adicional de que se trata de una autoridad del club.
Qué penas pueden caberles a Riquelme y a Boca
Algunas son personales y otras podrían ser para el club. El artículo 205 plantea penas de seis meses a dos años para quienes violen medidas tomadas por la autoridad competente, y el 202 prevé de tres a 15 años de prisión al responsable de propagar una enfermedad contagiosa y peligrosa. Claro que eso sería si se llega a un juicio, porque también existe la posibilidad de un acuerdo previo.
¿Cómo puede afectar esto a Boca? Si se aplica el artículo 111 (omisión de recaudos), el club podría tener que pagar una multa económica (100.000 pesos) pero también podría caberle la suspensión del estadio, algo que por ahora parece improbable teniendo en cuenta los antecedentes de sanciones por el artículo 111 (generalmente multas) y también que Celsa Ramírez, la fiscal en cuestión, es la misma que investiga la fiesta de la barra en Vélez, y en ese caso tampoco pidió la suspensión del José Amalfitani. ¿Correrá peligro la localía en la Bombonera justo ahora que arranca la Libertadores?
