La Inspección General de Justicia (IGJ) hizo lugar a una denuncia que realizó un socio de San Lorenzo e intimó al club a convocar dentro de los próximos 15 días a una asamblea para tratar los balances (a realizarse presumiblemente el 25 de agosto), en el marco de la crisis que atraviesa la institución luego de que a finales de 2022 se suspendieran las elecciones.
De acuerdo a la resolución de la IGJ y la denuncia del socio Manuel Astesiano Agote, perteneciente a la agrupación "Movete Boedo Movete", el club nunca reprogramó la asamblea para tratar los balances del ejercicio 2021-2022, que originalmente se iba a realizar a fines del año pasado y fue suspendida. Esto va en consonancia con otra denuncia, a nombre de Lucía Rojas Albornoz, de la misma agrupación, donde se apunta contra la "falta de acceso a la información que respalda los estados contables a aprobar".
La denuncia de Albornoz profundizaba en la "inexistencia de documentación respaldatoria que explicara el origen de préstamos por el total de $376.676.867", equivalente al 7,08% del total del pasivo del ejercicio.
Además, la IGJ dispuso la apertura de un sumario para impulsar una veeduría legal y contable sobre el club y lo obliga a publicar la resolución en su sitio web oficial.
Mientras tanto en el orden futbolístico, San Lorenzo cerró la incorporación del delantero Federico Girotti, procedente de Talleres. Pero las condiciones de la llegada del exRiver demuestran el estado de la economía del club: a préstamo por 18 meses y sin opción de compra. Girotti, de 24 años, viene de una larga inactividad por una rotura de ligamento (un partido -4 minutos- en los últimos 11 meses).
