La jueza Maria Eugenia Ballara puso fin al proceso al considerar que no había argumentos para avanzar en la investigación.

Sobreseyeron al intendente de Mercedes, Diego “Tape” Caram, en la causa en la que se investiga la distribución de supuestos planes sociales truchos por $5 millones. Se acusaba al jefe comunal de haber brindado asistencia a personas de la ciudad, que declararon nunca haber recibido dinero.

La causa, en trámite ante el Juzgado de Instrucción, Correccional y de Menores de la ciudad de Mercedes a cargo de la señora juez María Eugenia Ballara, definió la resolución del caso. “Se dictó la resolución considerando sobreseer libre y definitivamente en esta causa al imputado Diego Martín Caram y de Norma Elvira Senosiain (contadora)”, explicaron. Además, en el documento aclararon que se trata del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Previamente, el fiscal Adrián Casarrubia confirmó a El Litoral que en la causa declararon 56 personas. La jueza Margarita López Rivadeneira confirmó en abril del año pasado el procesamiento y prisión preventiva del intendente peronista por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravado y sustracción de documentos públicos”.

Al respecto, Caram explicó a El Litoral que tanto él como los demás implicados apelarían la decisión, ya que sostenía que los documentos que lo apuntarían por los planes truchos serían falsos. El fiscal que investigó aseguró que habría en juego $5 millones en peculado y que hay documentos digitales que avalan su veracidad.

“Esta es una causa que Víctor Cemborain denunció en mayo del 2019 sobre la utilización de nombres de personas para cobro de planes. La plata se la quedaban el tesorero, el secretario de Hacienda, la jefa de personal y el intendente”, relató Casarrubia. En términos judiciales, peculado refiere a la apropiación del dinero público que pertenece al Estado por las personas que están encargadas de gestionar, administrar y custodiar dichos recursos. “La metodología que utilizaban era con nombres de personas reales, de carne y hueso. En la investigación se acreditó que nunca cobraron un peso”, explicó el fiscal. Según resaltó, el peculado se habría desarrollado “desde el mes de mayo hasta septiembre del 2019. Hay cerca de 5 millones de pesos solo en eso”.

El Litoral