El abusador es un exagente del Servicio Penitenciario Federal que cumple prisión y pasa una cuota alimentaria obligatoria al niño, que nació producto de esos abusos.

Una mujer de 26 años y su hijo discapacitado lograron que la Justicia de Corrientes ordene la transferencia a su nombre de la casa donde ella había sido víctima de violaciones por parte de su padre, un exagente del Servicio Penitenciario Federal que cumple prisión y pasa una cuota alimentaria obligatoria al niño, quien nació producto de esos abusos.

J.B. vive en la localidad de San Miguel, a 166 kilómetros de la capital correntina, donde la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial dictó en diciembre de 2020 un fallo que se reactualiza permanentemente en los tribunales de la provincia, por la mirada humanista que lo atraviesa.

La mujer sufrió el abandono de su madre cuando era pequeña, con lo cual permaneció con su padre, quien de manera constante ejerció violencia sexual contra ella, al punto que, producto de los abusos, quedó embarazada.

Así nació un niño que hoy tiene 11 años de edad y que sufre una discapacidad del 80 por ciento, tanto física como intelectual.

En 2016 J.B. inició el camino por una reparación, y consiguió asesoramiento estatal que le permitió llevar a la Justicia penal a su padre, quien finalmente fue condenado por las violaciones.

Por su edad superior a los 80 años, el abusador cumple prisión domiciliaria en forma efectiva en otro pueblo, Santa Rosa, a casi 65 kilómetros de San Miguel.

Luego de que el hombre recibiera la sentencia a prisión, con el acompañamiento de la asesora de Menores e Incapaces N° 5, Ana Inés Alvira, la víctima fue en busca de un resarcimiento, un alivio para el daño moral sufrido por ella con las violaciones y por su hijo, con la falta de reconocimiento e identidad por parte de su progenitor.

Así, ingresaron en un proceso de filiación y reclamo de daños y perjuicios, que tuvo como principal elemento una prueba de ADN que acreditó la paternidad del violador y alcanzó un punto de negociación en el cual el expediente llegó a la Cámara Civil y Comercial.

Este tribunal citó a una audiencia de conciliación, porque había un ofrecimiento del demandado, aunque las autoridades no entendían si lo que ponía a disposición era la casa donde ocurrieron los hechos o la mitad de ese inmueble, mientras que por parte de la víctima hubo un reclamo que en su origen era por 500.000 pesos.

El demandado, en compensación, ofreció la vivienda, lo cual fue aceptado por la víctima y la Justicia.