Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, conforman el Tribunal Oral Federal Nº3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes tendrán el deber de analizar las responsabilidades que podrían tener los imputados narcotráfico en la causa iniciada por el juez federal Sergio Torres.
Los 26 imputados como consecuencia del Operativo Sapucay, incluyen al exintendente y exviceintendente de la localidad de Itatí, funcionarios de fuerzas de seguridad federales y el comisario de esa ciudad, quienes fueron involucrados en operaciones de tráfico de drogas.
Ahora, los magistrados de esa sala de juicio deberán iniciar los trámites de revisión de pruebas y confección de la lista de testigos, antes de fijar una fecha para llevar adelante el juicio oral y público.
En la resolución, en la que se nombra a los jueces que estarán a cargo del debate, también se ordena “a los efectos de continuar con el trámite de las órdenes de detención libradas oportunamente y con la profundización de las otras líneas de investigación”, se tomen por concluidos los testimonios obtenidos en la etapa de investigación. Además, indica que “habrá de ahondarse la pesquisa en pos de determinar si Gustavo Gayoso, Iván Cristaldo, Pedro Saucedo y Edgar Milciades Maciel, respecto de quienes se ha decretado la falta de mérito para procesar o sobreseer, tuvieron alguna participación en los hechos objeto de investigación”.
Cabe recordar que, en mayo del año pasado, el juez federal porteño, Sergio Torres, dictó el autoprocesamiento del exintendente Roger Terán, su vice, Fabio Aquino y otras 26 personas detenidas en la causa del megaoperativo Sapucay, iniciado a mediados de marzo de ese año en tierra itateña. También se dispuso un embargo por un millón y medio de pesos para cada uno, bajo la acusación de integrar una asociación ilícita destinada al tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con la pesquisa, los detenidos participaban del comercio de marihuana que provenía de Paraguay a través de las aguas del río Paraná, y que representaba unas 15 toneladas semanales, que desde allí se distribuían a diferentes centros urbanos.
A Terán y Aquino (exintendente y vice) se los apunta por coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad. También son sospechados de dedicarse a movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia.
El mismo expediente indica que los policías involucrados brindarían protección directa a los integrantes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito.
Terán desde la cárcel
A través de su cuenta de Facebook, que maneja un familiar de Roger Teran, señaló una vez más que es inocente. “La justicia no está actuando a derecho, la acusación se basa…en testigos de identidad reservada. Los cuales vamos a solicitar que atestigüen en el tribunal oral, ya que solamente con dichos no se puede dejar detenida a una persona…cuando alguien ingresa a la ley del arrepentido con el solo fin de poder mejorar su situación procesal, los dichos de este, deben ser corroborados por los investigadores”, expresó en un largo texto.