Están sospechados de utilizar los recursos judiciales para intervenciones telefónicas a personas que no eran investigadas por delitos.
El juez federal Juan Carlos Vallejos citó a indagatoria como imputados al ex magistrado Carlos Vicente Soto Dávila y a su secretario penal, Pablo Molina, en el contexto de la causa 1.952/2019 en la que se los investiga por haber supuestamente realizado intervenciones telefónicas ilegales y por falsificar documentos oficiales.
Los funcionarios deberán presentarse el 10 de julio ante el titular del Juzgado Federal 2 de Corrientes, quien tramita una causa por los delitos de “violación de secretos y la privacidad, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación ideológica de documento público”.
La abogada Mariana Barbitta, representante de Soto Dávila, adelantó que en las próximas horas solicitará que se difiera la citación debido a que la defensa estaría impedida de asistir al ex juez. “Se solicitaría una prórroga, porque existen impedimentos de índole laboral que dificultaría que la defensa asista a la audiencia”, explicó.
Respecto de las acusaciones a su cliente indicó que “fue víctima de un abuso del principio de confianza por parte de su secretario”, y con esto apuntó directamente contra Pablo Molina, quien ejercía como secretario penal en esa judicatura.
La acusación contra Soto Dávila y Molina fue realizada por el Ministerio Público Fiscal Federal y la Procuración Contra la Narcocriminalidad (Procunar), que surge de una investigación desprendida de la causa del Operativo Sapucay en la que se investigó a tres bandas de narcotráfico que operaban desde Itatí y que traficaban marihuana al menos a siete provincias argentinas.
En ese marco se descubrieron supuestas maniobras en el juzgado a cargo de Soto Dávila para el cobro de coimas a detenidos por causas narco a fin de liberarlos o mejorar su situación procesal.
En el contexto de esa investigación se incautaron además casi 5.000 discos compactos con audios de conversaciones telefónicas solicitadas por esa magistratura, firmadas por el secretario Molina y con la anuencia del entonces juez titular, Soto Dávila.
TELÉFONOS PINCHADOS
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes se ordenaban intervenciones directas a líneas telefónicas de personas que carecían de relación con causas judiciales y que tenían el interés personal de los funcionarios judiciales.
Esas órdenes se incorporaban a expedientes de causas judiciales activas en las que se investigaban actividades de narcotráfico.
De esta manera se habrían obtenido grabaciones de las conversaciones de manera ilegal.
Una de las afectadas por estas acciones habría sido una mujer que mantenía una relación sentimental con Molina y debido a que éste suponía que era engañado utilizó esta maniobra para “espiarla”.
Ante esta situación se inició una causa judicial en la que están imputados Molina y Soto Dávila, ya que rubricaron esos escritos.
Los ex funcionarios involucrados en esta causa además están imputados en otra que es tramitada en el Juzgado Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que se los investiga por presunto cobro de coimas, por medio de un grupo de abogados, a involucrados en causas judiciales por tráfico de drogas con el fin de mejorar su situación procesal, o bien otorgarles la libertad. Por estas acciones ambos fueron detenidos, pero luego se les dio la excarcelación.
Por otra parte, Pablo Molina también está investigado por la posible entrega irregular de vehículos de alta gama secuestrados por la Justicia.