La Corte Suprema, por unanimidad, aceptó este martes la renuncia del Director General de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Juan Tonón, redondeando así la gravísima crisis por el deterioro de los servicios y sospechosas licitaciones de una obra social que en su momento tenía un notorio prestigio. Tonón era un hombre de absoluta confianza de Juan Carlos Maqueda y, además, la tesorería estuvo a cargo de Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, que, sin haber siquiera sido designada, sin ser contadora o profesional, firmó cheques por unos mil millones de pesos mensuales. El escándalo afecta a toda la Corte y es uno de los motivos del juicio político.
El texto de la aceptación de la renuncia es frío. No le agradece los servicios prestados ni exhibe un tono cordial. Para colmo, la resolución firmada por los cuatro cortesanos —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti— tiene un segundo punto en el que se le hace saber a Tonón que tiene 30 días hábiles a contar desde el martes para presentar una declaración jurada patrimonial. Tratándose de una cuestión reglamentaria, podrían haber cursado ese segundo punto en otro texto.
Página/12 viene detallando la crisis desatada en la OSPJN, lo que motivó denuncias de los sindicatos de trabajadores judiciales y una causa que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo. En el marco de ese expediente, hubo varios allanamientos y secuestro de documentación. También en el senado, Oscar Parrilli y Silvia Sapag firmaron un pedido de informes.
El punto básico que puso en marcha el escándalo es que una obra social que funcionaba relativamente bien, empezó a defeccionar en los servicios y entró en una especie de bancarrota económica.
En la investigación surgieron evidencias de licitaciones más que extrañas. A dos empresas, Emergencia Médica Integral y Farmandat, ambas cordobesas como Maqueda, se le adjudicaron contratos millonarios sin que los antecedentes lo justifiquen. Farmandat, por ejemplo, tenía presencia escasa y consiguió una contratación de 2.600 millones de pesos.
En general, desde hace varios años se vienen registrando denuncia tras denuncia. La lista es larga:
Se autorizaban tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados.Hay una asombrosa cantidad de juicios por mala praxis.Existía un total descontrol en materia informática.Se descubrieron faltantes de medicamentos.Desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.El punto central era el mal funcionamiento y quejas constantes de los afiliados.
La aceptación de la renuncia de Tonón no termina de cerrar un ciclo. La Comisión de Juicio Político tiene la cuestión de la obra social como uno de los temas centrales. Y no sólo contra Maqueda -el que estaba encargado- sino contra todos los cortesanos, porque la responsabilidad sobre la obra social es del cuerpo en su conjunto. Habrá que ver cómo responde la Corte a cuestionamientos que son muy puntuales.
