Corrientes ya se opuso al Protocolo para Abortos No Punibles nacional

Salud - 13/12/2019

Alfredo Revidatti, manifestó que Corrientes "trabajará con un protocolo alternativo" al que publicó el Gobierno nacional para abortos no punibles. La Interrupción Legal del Embarazo es para casos de violaciones o que corre riesgo la vida de la mujer.

 


El coordinador de Políticas Sanitarias del Ministerio de salud de la Provincia, Alfredo Revidatti, cuestionó el Protocolo para Abortos No Punibles publicado por el Gobierno Nacional este viernes, y adelantó que trabajará por uno "alternativo".

 


De esta forma, Corrientes se vuelve a poner en la vereda de enfrente a los derechos conseguidos por la mujer, en este caso uno que data del año 1921. Hace casi 100 años ya se reconoció que un embarazo puede ser interrumpido si fue a causa de una violación o si hay riesgo para la salud.

 

Según Revidatti, se trata de una "misma línea que sigue un grupo de gente muy grande que plantea el aborto como la alternativa de las mujeres que tienen un embarazo problemático”. Es una medida “política o ideológica”, dijo sobre el Protocolo presentado por el ministro de Salud de la Nación, Gines González García.

 

Tras informar que trabajará en una alternativa, recordó que Corrientes "es próvida y no se adhiere a ninguno de esos protocolos”.

 

Si bien no precisó en que consistirá su protocolo alternativo, señaló que la ides es que se cree un Comité. Así, "cuando llegue una mujer, una chica o una jovencita con un embarazo no deseado, el médico tenga la alternativa de avisar y que el hospital en vez de plantear que se haga el aborto, pueda pedir ayuda al comité para tomar la decisión en un corto plazo”.

 

En declaraciones a Radio Sudamericana, dijo que "consideramos que el problema es de la mujer y del hijo que está en su vientre”. 

 

Muy por el contrario, Ginés González García, subrayó que la publicación del protocolo de acceso al aborto no punible "no es más que una guía sanitaria para el personal" médico involucrado en esas prácticas, que ya están consagradas en el Código Penal desde 1921.

 

"Los antiderechos siempre usan cualquier tipo de argumentos y hasta la Justicia para que no se cumpla la ley", opinó y agregó que "es salud pública, no tiene sentido convertirlo en un debate religioso o político".