DECRETO 844/2019

Se reglamentó el Fondo de Asistencia directa a Víctimas de Trata

Política - 10/12/2019

Mediante el decreto 844/2019, el Gobierno reglamentó la Ley de Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata que establece el destino de los bienes decomisados por este delito para la reparación económica de las víctimas.

 

La conformación del Fondo de Asistencia estaba prevista en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada en 2012.

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas, impulsaron el tratamiento del proyecto en el Congreso y lograron la sanción de la ley 27.508, en junio pasado.

 

La reglamentación propone una administración transparente de estos bienes y dispone conformar una Unidad Ejecutora en la órbita de la cartera de Justicia, para velar por la adecuada gestión de los recursos embargados o decomisados en el marco de los procesos penales.

 

Esta oficina recibirá la información enviada por la Justicia sobre las causas en trámite, las víctimas y el estado de los bienes que se inscribirán en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso Penal.

 

Posteriormente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizará la venta pública y la ganancia será transferida al Fondo Fiduciario para la restitución económica correspondiente a las víctimas.

 

En los procesos cuya sentencia no se encuentre firme, y en los que la autoridad judicial autorice la venta anticipada de los bienes decomisados, se podrá solicitar la transferencia del producto de la venta al Fondo.

 

También se establece que la Secretaría de Modernización eleve al Consejo Federal una propuesta de sección en su sitio web que permita realizar consultas públicas y gratuitas.

 

Este sitio deberá contar, además, un registro específico con los datos sobre los bienes recibidos y de los resultados de las tasaciones practicadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado; y un software de votación online para garantizar un funcionamiento eficiente para la toma de decisiones sobre el destino de los bienes por parte del Consejo.